Hay libros que uno agarra con la guardia baja. Sabía, había estudiado y estaba seguro del horror que se vivió en el país durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, pero todavía tenía huecos, agujeros en la historia; me faltaba entender cómo los militares se hicieron del poder, cómo lo mantuvieron por tanto tiempo, qué herramientas sistemáticas utilizaron. ¿Cómo justificaron y desarrollaron el terror a la vista de todos?
76 de Felipe Pigna, es el punto de partida de este texto. Más allá de ser un libro de historia en el sentido frío de la palabra, es una crónica del horror que se vivió en los años previos al régimen y, en particular, cómo sostiene el autor, durante el año que cambió la historia argentina para siempre. Es una recopilación y relato minuciosos sobre lo que pasó desde 1974 y durante 1976, año en el que inició formalmente el Golpe de Estado.
Un poco de contexto histórico
Para entender (no justificar) el 76, Pigna nos sitúa un poco antes. Perón llegó al país el 20 de junio de 1973 después de casi dos décadas de exilio en Madrid, en un momento en que el movimiento que llevaba su nombre había dejado de ser la organización monolítica del período 1945-1955. Las distintas corrientes —sindicalistas, guerrilla urbana, derecha ortodoxa— coexistían bajo una misma bandera que ya no se podía sostener en una sola mano. Él mismo lo había alentado: desde Madrid le había dicho al director Pino Solanas que “el mejor peronista es el peronista armado” y que si tuviera veinte años, las bombas las estaría poniendo él. El marco de violencia y desestabilidad que trajo a Perón de vuelta al país, poco a poco se iría sumiendo en la antesala del horror.
Cuando los Montoneros asesinaron a José Ignacio Rucci —el secretario general de la CGT, hombre de confianza de Perón— en la llamada Operación Traviata, creyeron que era un mensaje de poder al líder para que no se inclinara hacia la derecha del partido. Eso produjo exactamente lo contrario: Perón eligió su bando, condecoró a Pinochet y acusó a Montoneros de infiltrados marxistas. El lado revolucionario del partido, que había logrado la vuelta de Perón, ahora pasó a ser llamado por el dirigente “imberbes y estúpidos”. López Rega, “el mago”, hizo el resto. Con la Triple A como brazo ejecutor, ya construida sobre la red de colaboracionistas, prófugos y altos mandos de dictaduras latinoamericanas que él mismo había tejido, la Alianza Anticomunista Argentina se cobró más de 500 víctimas antes de que Perón muriera, el 1° de julio de 1974.
Lo que siguió fue un laboratorio. Isabel, como primera dama y títere de López Rega, asumió la presidencia. Mientras el ciclo de violencia entre la Triple A y el ERP se retroalimentaba —el ERP llegó a asesinar al capitán Humberto Viola junto a su hija de tres y herir a su otra hija de seis, y la Triple A capturaba y mataba a plena luz del día—, otro frente se abría en silencio. Martínez de Hoz se reunía con un grupo de empresarios y militares en un departamento de la calle Azcuénaga, el llamado Grupo Azcuénaga, coordinando con los grandes grupos económicos una estrategia deliberada de desestabilización: inflar el descontento social, hundir la economía, preparar el terreno. Paralelo a esas reuniones, el 27 de agosto de 1975, Videla fue designado comandante en jefe del Ejército, declarándose “apolítico”. En Argentina, alguien apolítico tiende a alinearse con ideas de derecha.
Se estaba preparando el camino hacia la carnicería de los años siguientes.
Desapariciones, abusos y un nuevo lenguaje
En el libro, Pigna recopila testimonios, citas, recortes de diarios, revistas y entrevistas con las personas que lo vivieron en carne propia, pero que también lo llevaron a cabo. El hilo conductor en toda la evidencia es el mismo: antes de que desapareciera alguien, los militares hacían desaparecer el nombre y la identidad de la persona.
Las personas —más allá de que estemos en una época profundamente negacionista y de defensa de conquistas del lenguaje pensadas como resueltas— detenidas, perdían esa condición: eran elementos subversivos, un algo más que un alguien. El autor agrega un comunicado que recibieron los medios de comunicación el 22 de abril de 1976, casi un mes después del golpe: “A partir de la fecha (22 de abril) queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subersivos, aparición de cadaveres y muertes de elementos subersivos, y/o de integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad por estos hechos a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye a secuestrados y desaparecidos”. Bajo esta premisa, el régimen podía ir lavando su imagen; no asesinaba: despachaba; no era un genocidio: era un Proceso. Cada palabra meticulosamente elegida, cada eufemismo, una absolución.
Pigna documenta en 76 que los militares no fueron los inventores de este mecanismo: lo importaron. Las técnicas de represión llegaron desde Francia en 1957, introducidas por militares como el entonces coronel Carlos Jorge Rosas, sistematizadas durante la guerra de Argelia y Vietnam, donde el enemigo se distinguía por la raza. Acá no existía esa distinción. La lección central que trajeron fue que “la guerra moderna se libra en la mente de la población”. Controlar el lenguaje era controlar la realidad. En Argel se elaboró un manual para contrarrestar a las fuerzas independizadoras, el mismo que Pontecorvo retrató en la película La batalla de Argel. Ese manual de tortura, horror y desestabilización fue ampliamente difundido a todas las fuerzas armadas del mundo. Acá, se decía que el peronismo y más aún, que los intelectuales, eran el caballo de Troya del comunismo. Los métodos “importados” eran el uso sistemático de la tortura y la desaparición forzada como instrumentos de represión.
Todo esto era parte del mítico y atroz Plan Cóndor, una campaña de represión política y terrorismo de Estado llevada a cabo a partir de 1975 por varias dictaduras latinoamericanas con el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores en el continente. Este plan y la Escuela de las Américas — escuela de formación militar del ejército de los Estados Unidos, famosa por enseñar doctrinas de contrainsurgencia militar latinoamericanas e inculcar una ideología anticomunista— fueron parte de la expansión de las garras de EE. UU. sobre el continente latinoamericano para evitar la propagación de lo que sucedía en el mundo con el desarrollo de ideas progresistas y de movimientos anticoloniales y revolucionarios.
El dispositivo más sofisticado fue, precisamente, la palabra desaparecido. No es un muerto que tiene velorio, tumba y duelo con fecha de cierre. Tampoco es un preso. El desaparecido existe en un limbo jurídico y emocional diseñado para paralizar, para romper las almas de la familia y de los compañeros. Videla lo explicó durante una conferencia de prensa en diciembre de 1979 con una frialdad que todavía hiela: “…no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido, frente a eso no podemos hacer nada”. La impotencia institucional como política de Estado.
Hay un concepto, la hiperstición, que define exactamente este mecanismo y que es transversal a las herramientas usadas por el régimen: a diferencia de la superstición, donde la creencia sigue a la realidad, la hiperstición produce realidad. La ficción se repite hasta volverse hecho. “Desaparecido” no era la simple descripción de algo que ocurrió o podía ocurrir: era el marco jurídico y afectivo de una impunidad futura. El Plan Cóndor funcionó igual: “operación de seguridad conjunta” no nombraba lo que era —el secuestro y asesinato coordinado de opositores a través de las fronteras de seis países— sino que fabricaba la ficción de una legalidad que nunca existió. Las palabras no solo cubrieron el crimen. Lo hicieron posible, lo convirtieron en la realidad dominante.
Parte del nuevo lenguaje y del lavado de imagen del gobierno de facto fue producido también por la Iglesia Católica. El mismo obispo Aramburu declaraba en Roma que en Argentina no había fosas comunes y que los desaparecidos vivían tranquilamente en Europa. Fueron ellos, curas colaboracionistas, quienes entregaban a compañeros “menos ortodoxos”, quienes ofrecían misas y absolución para las confesiones de los militares en los centros clandestinos de detención y quienes también ofrecían confesiones a los detenidos vulnerables para luego entregarlos. Mientras que los medios colaboracionistas (Gente, Para ti, Clarín, La Nación, entre muchos muchos otros) hablaban de reorganización, de grandeza nacional, de marchar hacia las fronteras, la Iglesia daba extremaunción antes de los vuelos de la muerte. El ritual como otra capa de palabras que convertía el crimen en algo administrable, casi burocrático, un trámite.
Ese lenguaje no desapareció con la democracia. Mutó. “Viva la libertad, carajo” es, en su estructura, el mismo tipo de operación: una frase que no describe una realidad sino que intenta crearla. Es la invocación de una realidad prometida, de una violencia enmascarada. La hiperstición funciona igual en ambos extremos del espectro político: se grita lo que aún no es hasta que el grito lo vuelve inevitable, se crea una realidad a la fuerza. La diferencia no es de mecanismo sino de contenido. Y el contenido importa: cuando el mismo Estado que administró el terror durante siete años empieza a ser llamado “la casta” con la misma naturalidad con que antes se llamaba “subversivos” a los desaparecidos, vale la pena preguntarse quién está fabricando qué realidad, y para quién.
El arte, siempre el arte
Como contracara del uso del lenguaje, estaban los que resistían con el único instrumento que tenían: la pluma, la música, la cámara y el arte. Haroldo Conti, escritor que sería perseguido y posteriormente desaparecido, escribía en una carta a su amigo, el escritor Gabriel García Márquez, en 1975 que los servicios de inteligencia ya calculaban internamente “una cuota de treinta mil muertos”. Rodolfo Walsh —también desaparecido — documentaba los métodos con nombres propios y sin eufemismos en el grupo ANCLA, del que fue creador. Charly García decía cosas que el régimen no podía censurar porque, según los propios militares y amigos del artista, “no decía nada y a la vez decía todo”. El arte fue siempre el primer territorio que la opresión busca conquistar y destruir, porque es el único lenguaje que no puede ser del todo controlado. Entre 1976 y 1983 se prohibieron, mutilaron o retiraron de circulación cientos de películas, libros y discos. Mercedes Sosa, por ejemplo, fue borrada. Sus discos desaparecieron de las tiendas; su nombre se evaporó de los medios. La técnica unificadora era esa, el silencio. León Gieco corrió una suerte similar: «Solo le pido a Dios» fue grabada con el disco ya prohibido y casi nadie la había escuchado. Fue Mercedes quien la encontró en un cassette y la cantó con él en el Teatro Ópera en 1982, en trece funciones que empezaron como dos y se convirtieron en un rito de recuperación colectiva. “Cuando cantamos juntos, Sólo le pido a Dios”, recordaría Gieco, “sentí que a la canción le crecían alas”. Una canción necesitó casi desaparecer para volverse indestructible.
Pero hubo quien encontró una grieta en el propio lenguaje del régimen. María Elena Walsh publicó en 1979, en las páginas de Clarín, “Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes”, una crítica feroz a la censura que se convirtió en el primer texto de oposición publicado en un medio masivo durante la dictadura. El régimen, que controlaba cada palabra con precisión quirúrgica y metía gente de confianza en cada organismo regulador, había subestimado el lenguaje de los niños. Walsh aprovechó, haciendo uso de la inteligencia que la caracterizaba, esa suerte de área gris.
El vacío que traía la censura tenía que llenarse con algo. Ahí aparece una curiosa figura, la de Palito Ortega.
Entre 1976 y 1980, Ortega financió, dirigió y protagonizó una serie de filmes que representan la parte más significativa de las producciones de ese período. No eran películas de propaganda explícita, pero sí, cada una representaba a una fuerza; su función era también la de no dejar espacio para otro tipo de obras: una especie de censura pasiva. Su segunda película como director, Brigada en acción (1977), lo muestra interpretando a un agente de la Policía Federal que patrulla la ciudad a bordo de un Ford Falcon sin patente, enalteciendo el valor humanitario y profesional de las fuerzas de seguridad, las mismas que en ese momento operaban los centros clandestinos de detención. Su primera película como director fue filmada directamente en las instalaciones de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde en ese momento funcionaba uno de esos infiernos. Lo más revelador, además de la propaganda que contienen, son los símbolos, los espacios, los cuerpos de un Estado que hacía lo que quería con sus opositores
En el otro extremo estaba Marie-Anne Erize Tisseau. Hija de inmigrantes franceses, había crecido en el monte misionero, había trabajado como modelo publicitaria, había sido tapa de revistas, había estudiado antropología en la UBA. Muchas vidas en una sola, todas atravesadas por una búsqueda que la llevó desde los entornos de la moda hasta la militancia en Montoneros. El 15 de octubre de 1976, fue a una bicicletería en Trinidad, San Juan, a arreglar una cubierta. No se supo más de ella. Tenía 24 años. Su caso tuvo repercusión internacional —el gobierno francés preguntó, aunque sin insistir demasiado, para no dañar relaciones comerciales— y el régimen respondió con su mecanismo habitual: el ministro del Interior le aseguró al embajador francés que María-Anne había muerto en un enfrentamiento. Una palabra que borraba la violación, el secuestro, la desaparición y fabricaba en su lugar una ficción de combate.
Su madre, Françoise Tisseau, decía triste pero valientemente: “Marie-Anne no murió por ser linda. Murió por ser libre.”
El vaciamiento del país
El libro también rescata una Argentina que duele por lo que vino después. En 1973, el país fabricaba locomotoras, exportaba guitarras a Japón, tenía 46 modelos de autos distintos, el consumo diario era de 3170 calorías por día, siendo octavo a nivel mundial. No lo cuento dentro del marco de nostalgia sino como contexto: lo que vino después no fue un accidente ni una corrección de rumbo, fue un desmantelamiento deliberado.
Martínez de Hoz, ministro de economía del régimen, declaraba que la deuda externa “de ningún modo tenía peso excesivo”. Cuando arrancó la dictadura, esa deuda era de 8.204 millones de dólares. En 1983, cuando se fueron, era de 43.500 millones. Mientras el saqueo y el empobrecimiento eran generalizados, el ministro se llenaba los bolsillos, así como los empresarios que entregaban a obreros huelguistas. Muchos de ellos ofrecían sus sedes como centros de detención , como Acindar, Ford y Ledesma, entre otros.
El caso de Ledesma es emblemático: en la llamada Noche del Apagón, en julio de 1976, la empresa cortó la luz en Libertador General San Martín mientras los camiones de la compañía transportaban a los detenidos. La oscuridad como logística del secuestro. La oscuridad, como camino hacia la muerte.
La lucha hoy
El lenguaje de la dictadura no murió en 1983. Algunos de sus mecanismos siguen operando: la discusión sobre si fueron 30.000 o menos, como si el número cambiara la naturaleza del crimen; la insistencia en llamar “excesos” a lo que fue una política sistemática; el tan famoso y usado “algo habrán hecho” para aquellos que fueron detenidos. Nombrar algo con precisión sigue siendo un acto político. Hoy y siempre.
Videla despojó de identidad y cuerpo a miles. El mismo hombre que dirigió al país a un derrumbe, que perpetró crímenes de lesa humanidad y aberraciones contra el pueblo, murió en el baño, cagando. Fue enterrado como un NN, igual que muchas de sus víctimas. A veces la historia tiene una ironía hermosa, una especie de venganza poética. Pero la memoria no se alimenta solo de revanchas pasadas, sino de las batallas del presente. Por eso, frente a los discursos que hoy intentan reciclar aquellos viejos eufemismos, la cita de Cortázar con la que cierra el libro vuelve a ser urgente: “Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo”.